Malos Augurios

De acuerdo con varias notas periodísticas publicadas en todo el país, en la primera semana de enero del 2007 un ex-Procurador de Chihuahua, Francisco Javier Molina Ruiz, estaba tomando posesión de su cargo como titular de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República, en sustitución de Jesús Manuel Alfaro Sánchez.

Este nombramiento ejemplifica todo lo malo que se puede esperar en materia de procuración de justicia de parte del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón, dadas las cuestionables credenciales del individuo a quien se le entregó en bandeja de plata uno de los puestos más importantes y sensitivos que se le podían dar dentro de la PGR.

Para poder calibrar la magnitud del desastre en puerta, repasaremos varios antecedentes de Francisco Molina Ruiz, y una vez repasados dichos antecedentes Spectator dejará que sus lectores se formen su propia opinión después de reflexionar sobre la información que les será presentada.

A continuación tenemos una de las muchas portadas aparecidas en numerosas revistas en las cuales Francisco Molina Ruiz ha distinguido la nota principal (Comentario: Todas los archivos fotográficos presentados en este blog pueden ser vistos ampliados con sólo hacer "clic" con el cursor del ratón situado dentro de cada fotografía):

Como puede verse en la portada, Francisco Molina Ruiz aparece mencionado como la nota principal en virtud de que los Diputados del Congreso Estatal de Chihuahua le estaban exigiendo su renuncia tras los escándalos en los que por su notoria incompetencia como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua y sus presuntos actos de corrupción le habían colmado la paciencia a los legisladores de Chihuahua.

La historia de Francisco Molina Ruiz comienza en 1992, tras el triunfo del panista Francisco Barrio Terrazas en las elecciones de la gubernatura del Estado de Chihuahua, con las cuales éste último logró convertirse en el primer gobernador panista en dicha entidad. Aunque quienes conocieron de cerca a Francisco Barrio Terrazas lo señalan al principio de los años ochenta como un hombre bueno, como un idealista partidario de la libre empresa que no había sido contaminado por la corrupción que imperaba en la política en aquél entonces, tras un descomunal fraude electoral en 1986 con el cual el entonces Presidente Miguel de la Madrid le arrebató lo que muchos señalan como un legítimo triunfo en las elecciones de la gubernatura celebradas en aquél año, Francisco Barrio tendría seis largos años, de 1986 a 1992, para reflexionar sobre lo sucedido, para repensar las cosas, para meditar estrategias, para replanear su futuro. Y en ese tiempo, quienes ya veían en él posibilidades de triunfo en caso de que decidiese a contender por la Presidencia de México, empezaron a ver una gradual y lenta transformación en su personalidad y en su carácter. Se estaba conviertiendo en un Francisco Barrio muy distinto al Barrio idealista y luchador de los años ochenta. Y se estaba rodeando de extrañas amistades que al mismo tiempo habían estado impulsando en Chihuahua la creación y la expansión agigantada de una organización conocida como el DHIAC (Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana), una organización que pocos sabían en aquél entonces que había sido planificada por gente ajena al pueblo de Chihuahua, por gente que no era chihuahuense ni de corazón ni de residencia.

Al tomar posesión Francisco Molina Ruiz de su puesto como Procurador General de Justicia en el Estado de Chihuahua, una de las primeras cosas que hizo fue designar como Sub-Procurador de Justicia para la Zona Norte a un individuo hasta entonces desconocido por completo por la mayoría de la ciudadanía, un individuo llamado Jorge López Molinar:

el cual, por principio de cuentas, era un extranjero nacido en los Estados Unidos sin haber renunciado jamás a su ciudadanía norteamericana (estamos hablando de un año en el cual las leyes mexicanas aún no habían sido modificadas para darle a los extranjeros hijos de padres mexicanos la doble nacionalidad). El nombramiento de este individuo causó mucha extrañeza desde el principio porque ciertamente en Chihuahua había muchos notables y distinguidos juristas y abogados, todos ellos nacidos en México, con mucha mayor preparación y mucho mejores credenciales académicas que las que pudiera presentar este extranjero para tan alto puesto. Pero su ciudadanía norteamericana a fin de cuentas no era una cosa que pudiera causar tanta preocupación como otro hecho significativo: Jorge López Molinar era un egresado de la ultraderechista Universidad Autónoma de Guadalajara, la misma cuna del neofascismo encubierto, muchos de cuyos graduados se han diseminado por toda la república mexicana e inclusive fuera del país para llevar consigo su ideología neo-Nazi con el fin de transplantarla en otras partes de México y del mundo. Y aunque hubo muchos quienes en aquella época les advirtieron a Francisco Barrio Terrazas y a Francisco Molina Ruiz sobre los extraordinarios riesgos y peligros que implicaba el tener a un sujeto con tan dudosas credenciales en tan alto puesto, encargado de todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia en el norte del Estado de Chihuahua, Jorge López Molinar fué sostenido a capa y espada, contra viento y marea, en su puesto como Sub-Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua. En realidad, Jorge López Molinar, Francisco Molina Ruiz, y Francisco Barrio Terrazas, formaban ya un trío tan indivisible como siniestro que manifestaba la presencia de una fuerza extraña y poderosa que lejos de mejorar la calidad del sistema de procuración de justicia en Chihuahua habría de corromperla hasta niveles nunca antes vistos en dicha región.

Cabe destacar que Jorge López Molinar no es el único egresado de la ultraderechista Universidad Autónoma de Guadalajara que se acercó a Francisco Barrio para recibir y dispensar favores bajo condiciones que se antojan extrañas y sospechosas. Hubo otros, entre los que destaca el Licenciado Sergio Américo Lastra Reza, el mismo hombre que cuando fué maestro en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez tuvo a su cargo la indoctrinación en las ideologías neo-Nazis de la extrema derecha mexicana a nadie menos que a la persona que con el paso del tiempo se convertiría en el presidente nacional del Partido Acción Nacional, el líder moral de la Organización Nacional del Yunque, y el Presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA): Manuel Espino Barrientos. De esta clase de gente se rodeó Francisco Barrio cuando se llevó a cabo su extraña conversión en convicciones e ideología.

Desde el mismo instante en que el egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara Jorge López Molinar empezó a ejercer sus funciones como Sub-Procurador de Justicia, incurrió en un grave delito tipificado por los códigos penales del Estado de Chihuahua, los cuales prohiben a cualquier Procurador en funciones tener abierto al mismo tiempo un despacho particular para atender al público, ya que una cosa así se presta a un gravísimo conflicto de intereses en el cual un acusado por algún delito puede acudir con su cartera llena de dinero para contratar los servicios del bufete de abogados en el cual trabaje el mismo Procurador encargado de procesarlo para meterlo a la cárcel, y tras un "arreglo" (que en realidad no vendría siendo más que una forma disfrazada de los delitos de corrupción y cohecho) pueden suceder muchas cosas en beneficio del inculpado, cosas tales como desaparición de evidencias del expediente, una mala integración del expediente que prácticamente obligará al Juez a no encontrar suficientes pruebas en contra del acusado, congelamiento del expediente, en fin, las posibilidades son ilimitadas). A continuación tenemos la fotografía de un desplegado en el cual podemos ver anunciado ante el mundo entero el despacho en el cual el Sub-Procurador Jorge López Molinar ejercía sus funciones privadas:

Esta es una inserción pagada que apareció publicada el domingo 5 de septiembre de 1993 en la página 11 de la sección principal del periódico DIARIO DE JUAREZ (el cual tiempo después cambiaría su nombre a El Diario). El anuncio, pues, salió a la vista del mundo entero, sin que a Jorge López Molinar le preocupase en lo más mínimo el escándalo que esto pudiera producir, porque al fin y al cabo se sentía lo suficientemente bien apoyado y protegido por Francisco Molina Ruiz como para poder seguir trabajando como Sub-Procurador sin que le viniese ninguna sanción e inclusive sin que hubiese posibilidad alguna de que se le removiera del cargo.

Cuatro años después de haber estallado el escándalo, Jorge López Molinar seguía firmemente en su puesto, trabajando como Sub-Procurador de Justicia y al mismo tiempo ofertando sus servicios como litigante privado, sin que nadie en el gobierno encabezado por Francisco Barrio Terrazas moviese un solo dedo para poner fin a tan aberrante situación, sin que nadie del Partido Acción Nacional en el Estado de Chihuahua emitiera una sola protesta u objeción al respecto, pese a los continuos reclamos formulados tanto por la sociedad chihuahuense como por la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, reclamos que aparecían constantemente sobre ésto en la Prensa:

y pese a la enorme cantidad de pruebas y evidencias:

reunidas y puestas en manos de Francisco Molina Ruiz en numerosas ocasiones, evidencias que tal vez en cualquier otro país habrían sido más que suficientes no sólo para llevar a cabo la destitución inmediata e ignominiosa del funcionario involucrado en tan grande conflicto de intereses, sino inclusive su encarcelamiento por una larga temporada. Este es uno de los grandes legados de corrupción e impunidad dejados al pueblo de Chihuahua por el amoral Francisco Molina Ruiz, protegido a su vez por un Francisco Barrio quien en aquella época se estaba enriqueciendo a manos llenas, ese hipócrita Francisco Barrio que en su discurso de toma de posesión como Gobernador de Chihuahua pronunciado el lunes 5 de octubre de 1992 proclamara henchido de falsa dignidad: "La Ley será mi guía".

A continuación podemos ver al Procurador de Chihuahua Francisco Molina Ruiz, acompañado por el hombre que lo puso en su cargo, Francisco Barrio Terrazas, en el momento de hacerle ambos entrega de un carro nuevo último modelo al agente policiaco José Armando Cruz Gutiérrez quien fue premiado con este carro y una generosa suma de dinero en efectivo por su "destacada labor" en el ejercicio de sus funciones con la designación del Policía del Año en 1995:

Y a continuación podemos ver la nota completa para ver de lo que realmente se trata:

Cabe agregar aquí que, aunque el agente fue encontrado culpable de los delitos relacionados con el narcotráfico de los que estaba siendo acusado, de cualquier modo Francisco Molina Ruiz y Francisco Barrio le permitieron quedarse con los premios entregados (el carro nuevo último modelo y el dinero en efectivo) pese a que el dinero asignado para la repartición de dichos premios no fue dinero salido de los bolsillos de Francisco Molina Ruiz o Francisco Barrio sino de los recursos de las arcas públicas del Estado de Chihuahua.

Pero lo que se ha detallado arriba es apenas el principio de la historia. El paso de Francisco Molina Ruiz por la Procuraduría de Chihuahua fué uno de los más vergonzosos capítulos en la historia de dicho Estado, plagado no sólo de corrupción galopante sino también de amplias sospechas de que desde la misma Procuraduría General de Justicia de Chihuahua se protegía y se le daba consideración a uno de los más poderosos y peligrosos cárteles de la droga, el Cartel de Juárez. En todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, tanto Francisco Molina Ruiz como Jorge López Molinar se limitaban a lavarse las manos diciendo que los asuntos del narcotráfico no eran competencia del gobierno del Estado de Chihuahua, sino del gobierno federal. Lo cual es cierto. Sin embargo, las numerosas ejecuciones cometidas por el Cártel de Juárez sí eran delitos del fuero común cuya responsabilidad caía directamente en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua. Pese a ello, jamás en todo el tiempo en que Francisco Molina Ruiz fue Procurador de Justicia se resolvió un solo caso de una narcoejecución, sentándose el precedente para la amplia impunidad con la cual habrían de operar los cárteles de la droga en los años venideros.

La confirmación de que algo muy sospechoso estuvo sucediendo en la procuración de justicia en el Estado de Chihuahua vendría tiempo después cuando Francisco Barrio dejara de ser Gobernador perdiendo su poder político en su estado natal. Dos años después de terminar en 1998 su sexenio como Gobernador de Chihuahua, una verdad terrible sobre Francisco Barrio Terrazas empezaría a salir a la luz pública. El domingo 15 de octubre del 2000, Francisco Barrio Terrazas sería señalado directamente en el periódico norteamericano El Paso Times por sus complicidades con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Juárez, al cual supuestamente estuvo dando protección y encubrimiento durante los seis largos años en que fué Gobernador de Chihuahua, una protección y encubrimiento que necesariamente habría requerido la plena colaboración y complicidad tanto del Procurador Francisco Molina Ruiz como del Sub-Procurador de la Zona Norte asentado en Ciudad Juárez, Jorge López Molinar, ello precisamente en la ciudad en donde presuntamente vivía y operaba con la mayor de las tranquilidades El Señor de los Cielos Amado Carrillo Fuentes. A continuación se reproducen las páginas de dicho periódico en donde aparecen tan graves señalamientos.

Naturalmente, después de que esta noticia de primer orden apareció publicada en Estados Unidos, no tardó en aparecer también en la prensa mexicana:

Y de hecho, la noticia original estaba formulada en un contexto mucho más que negativo en contra de Francisco Barrio, ya que de acuerdo con la nota el Señor de los Cielos líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, se había estado quejando de estar siendo extorsionado por un insaciablemente voraz Gobernador de Chihuahua a cambio de la "protección" ofrecida para permitirle operar sin problemas dentro del Estado de Chihuahua. Una protección que necesariamente habría tenido que incluír la cooperación absoluta del mismo Procurador de Justicia de Chihuahua, Francisco Molina Ruiz. De haber sido completamente falsos los señalamientos hechos por El Paso Times, y no siendo ya Gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio muy bien podría haber interpuesto una demanda multimillonaria en contra de dicho medio de comunicación paseño, y de haberla ganado habría quedado más rico aún. Pero no lo hizo. Y no porque no tuviese dinero para contratar los servicios del mejor bufete de abogados que el dinero -mal habido- pudiera comprar, ya que si algo le sobraba a manos llenas a Francisco Barrio Terrazas era dinero. Obviamente, Francisco Barrio temía no sólo la posibilidad de perder un juicio de ésta índole fuera de México, sino inclusive la posibilidad de que en un juicio llevado a cabo en un tribunal extranjero pudiesen salir a relucir más cosas sobre su negro pasado. Y así, Francisco Barrio optó por guardar silencio, que al fin y al cabo cuando estalló este escándalo la extrema derecha con la cual se había aliado le tendería muy pronto un poderoso salvavidas, al nombrarlo el Presidente electo Vicente Fox como el titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) con el rimbombante título de... ¡zar anticorrupción! Y no le importó en lo absoluto a Vicente Fox que Francisco Barrio estuviese siendo señalado en la prensa extranjera por sus nexos con el narcotráfico. Aunque pensándolo bien, esto no debe causar ya extrañeza a nadie, dado que el mismo Vicente Fox desde que tomó posesión de su cargo se convirtió en un dechado de corrupción en grado extremo como lo están demostrando todas las cosas que están saliendo ahora sobre él (el libro Fin de Fiesta en Los Pinos de la valerosa periodista Anabel Hernández es un buen punto de partida), presuntos delitos por los cuales se puede dar por hecho que Vicente Fox y sus cómplices jamás serán tocados ni metidos a la cárcel por Felipe Calderón. Ciertamente, Felipe Calderón jamás permitirá que esto ocurra, les debe demasiado tanto a Vicente Fox como a los ultraderechistas foxistas como para que se le ocurra siquiera intentar aplicar su demagógica frase "en mi gobierno no habrá impunidad para nadie". Y para garantizar que esto no pueda ocurrir por lo menos durante sus próximos seis años de gobierno, ¿quién mejor que alguien como Francisco Molina Ruiz dentro de la PGR? Pero aquí nos estamos adelantando a nuestra historia sobre el personaje principal de la misma.

En 1993, justo al mismo tiempo cuando en Ciudad Juárez florecía El Cártel de Juárez de Don Amado Carrillo Fuentes alias "el Señor de los Cielos" bajo la complaciente y sospechosa indiferencia del Señor Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz, ocurrió lo que sería la primera de una larga serie de crímenes en contra de las mujeres en Ciudad Juárez, una cadena de asesinatos cuya mala fama le daría la vuelta al mundo convirtiéndose en uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la humanidad dada la indiferencia y la apatía oficial mostrada por quienes tenían en sus manos la procuración de justicia precisamente para esta parte del mundo. Mostrando una crasa ineptitud y exhibiendo su pedante soberbia, Francisco Molina Ruiz simplemente se lavaba las manos diciendo que "estamos investigando" para de inmediato tras esto cerrarles la puerta a los familiares de las jóvenes que inútilmente iban a perder su tiempo para exigirle justicia a este incompetente y descorazonado Procurador. El escándalo de tanto asesinato así como la impunidad con que se cometían los crímenes eventualmente trascendió las fronteras de México y llegaría hasta las manos de la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y de los pocos arrestos que se dieron en aquella época, en la mayoría de los casos subsisten fuertes dudas y sospechas en el sentido de que a fin de cuentas se trató de meros chivos expiatorios fabricados con toda celeridad para cubrir las apariencias y salvarle a Francisco Barrio sus aspiraciones presidenciales para el año 2000. Y así, mientras Jorge López Molinar y Francisco Molina Ruiz se enriquecían a manos llenas en virtud de los cargos que ostentaban, las muertas se fueron acumulando con el paso de los años.

El 11 de agosto del 2003, Amnistía Internacional presentó simultáneamente en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México un informe titulado "Muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua". Jamás un organismo tan ampliamente reconocido a nivel mundial emitió un juicio tan condenatorio a la negligencia e ineptitud gubernamentales en México en materia de procuración de justicia, una condena directa y fulminante a la nula labor realizada por el nefasto Jorge López Molinar instalado como Sub-Procurador por Francisco Molina Ruiz y sostenido en dicho puesto desde 1992 hasta 1998. En dicho informe se dice que "más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentan violencia sexual, reflejan una cruda realidad de la violencia que sufren las mujeres y las adolescentes en el Estado de Chihuahua desde 1993". Y cabe recordar que Francisco Barrio fue inaugurado como Gobernador de Chihuahua en octubre de 1992.

Para todos aquellos incrédulos que duden sobre el precio elevadísimo que tuvo para aquella ciudad fronteriza el tener que aguantar por seis largos años a un Sub-Procurador de Justicia bueno para nada (excepto para enriquecerse ampliamente traficando sus influencias dentro de su propio despacho privado), cuyo único "mérito" verdadero fué el haber egresado de esa cuna de los Tecos y el Yunque llamada Universidad Autónoma de Guadalajara, Spectator dará a continuación unas referencias en las que se apunta con índice de fuego hacia la indolencia en el actuar público de éste inútil:

"Cosecha de Mujeres: Safari en el desierto mexicano", Diana Washington Valdez, Colección El dedo en la llaga, Editorial Océano, 2005.

"Huesos en el desierto", Sergio González Rodríguez, Crónicas Anagrama, 2002.

"Ciudad Juárez", Rafael Loret de Mola, Editorial Océano, 2005.

"La memoria de las olvidadas: Las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez", Rosa María Álvarez de Lara (coordinadora), Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

"Las Muertas de Juárez: Crónica de los crímenes más despiadados e impunes de México", Víctor Ronquillo, Editorial Planeta, 1999.

"Elegía en el desierto: In memoriam" (poesía), Micaela Solís, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2004.

"Las muertas de Juárez", Sergio González Rodríguez (coordinador), Metapolítica/Fuera de Serie, 2003.

Esta lista, desde luego, no es exhaustiva, y sobre el tema han hablado personalidades tan distinguidas como Elena Poniatowska (la cual, como es bien sabido, es aborrecida por uno de los máximos ultraderechistas de México, Manuel Espino) y Carlos Monsiváis. Pero con esto debe ser más que suficiente para empezar a señalar claros culpables en el ejercicio de sus funciones públicas, los cuales lejos de ser echados a la calle o inclusive encarcelados han seguido gozando de trabajos muy bien pagados dentro del gobierno federal.

A la ineptitud para resolver inteligentemente los asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez, debemos agregar también como ya se dijo que en todo el tiempo en que Francisco Molina Ruiz fungió como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua jamás resolvió a plenitud un solo crimen o asesinato relacionado con el narcotráfico que valga la pena mencionar. De hecho, nunca resolvió nada por lo que se le pueda felicitar trátese ya de los crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez o las numerosas narcoejecuciones atribuídas a los cárteles de la droga. Lo uno fué por crasa ineptitud e incompetencia, mientras que lo otro se debe suponer que fue por presuntos actos de corrupción en gran escala. Era como si el imperio de la Justicia hubiese desaparecido por completo del atribulado Estado de Chihuahua.

Otro caso importante, en el cual Francisco Molina Ruiz se encargó personalmente de echarle tierra al asunto permitiéndole al delincuente huír para que no pisara la cárcel es el caso de uno de los grandes amigos del Gobernador Francisco Barrio, el Jefe de Infraestructura Rural Joaquín Mesta Soulé. Se trata de un desvío de 196 mil pesos del erario público que Joaquín Mesta Soulé hizo para su beneficio personal, en la forma de un "autopréstamo" (estamos hablando de tiempos pre-Zedillistas, antes de que se diera la brutal devaluación del peso a causa del famoso "error de diciembre"). Cuando se descubrió el desfalco, el "comprensivo" Gobernador en vez de aplicar la Ley y meter a la cárcel a su corrupto colega, le dió la oportunidad de irle "regresando" en abonos al erario público el dinero desfalcado. Algo así como darle a un asaltabancos la oportunidad de irle regresando en abonos a un Banco el dinero robado para no meterlo a la cárcel. Veamos a continuación lo que dice una nota publicada el domingo 11 de febrero de 1996 en el periódico NORTE de Ciudad Juárez cuando estalló el escándalo sobre este caso:

Autorizaba dinero para cuenta personal

El 19 de mayo de 1993, (Joaquín) Mesta autorizó y firmó un cheque de 20 mil pesos con cargo a la cuenta que había abierto (para uso personal y de Infraestructura Rural) en Banpaís.

El cheque fué firmado en forma mancomunada por un directivo de Desarrollo Rural, que aún no ha sido identificado por su firma (o que no se quiso identificar). Los 20 mil pesos fueron pagados para cubrir un adeudo personal de Mesta con un particular de nombre Fernando Alzaga, según se asienta en los documentos que comprueban los desvíos.

En la póliza de Infraestructura Rural, la salida de estos recursos se justificaron bajo el concepto de anticipo de compra de maquinaria (¿?), con cargo al Programa de Desmontes. En el mes de julio, el día 12, Mesta vuelve a autorizar y firmar un cheque, junto con la firma no identificada, para volver a pagar cinco mil pesos a Fernando Alzaga, con cargo al Programa de Desmontes.

Un funcionario de la Dirección de Desarrollo Rural, firmó junto con Mesta otro cheque por 14 mil 177 pesos en favor de Infraestructura Rural, aunque los recursos justificados como gastos a comprobar, fueron habilitados a la cuenta de Banpaís No. 225-1050119-1 de Mesta.

Para realizar la reparación de trailers propiedad de Mesta; el exfuncionario utilizó varios memorándums en donde se ordenaban las reparaciones en los talleres de la misma oficina y con cargo a la Dirección de Desarrollo Rural.

Para liquidar en Banpaís, el 4 de junio, Mesta Soulé, recurre a un préstamo de 36 mil pesos, cantidad que le fué entregada bajo el concepto de gastos a comprobar. La cantidad fué autorizada y recibida por él mismo.

El exfuncionario panista recurrió a por lo menos cuatro autopréstamos personales, durante 1993; antes del mes de Octubre, cuando la Contraloría del Estado detectó las desviaciones

Observemos con detenimiento las fechas que aparecen dentro de la nota periodística, sobre todo la que aparece al principio, detallando los tiempos en los cuales empezaron a ser cometidos los delitos de malversación de fondos públicos para uso personal en los que incurrió Joaquín Mesta Soulé, quien había sido designado personalmente por el mismo Gobernador Barrio Terrazas como el Director de la Oficina de Infraestructura Rural del Gobierno del Estado. Se concluye que los ilícitos empezaron por lo menos desde el 19 de mayo de 1993 a poco más de medio año de que Barrio Terrazas hubiera tomado posesión de su cargo como Gobernador del Estado de Chihuahua. Y se puede presumir que Joaquín Mesta Soulé no pudo haber actuado sólo, habiendo más implicados en el desvío y malversación de fondos públicos, lo cual es confirmado por una nota periodística aparecida también en el mismo periódico NORTE de Ciudad Juárez en primera plana el mismo domingo 11 de febrero de 1996 cuando apareció la otra nota acompañante. De hecho, las anomalías imperantes en la Oficina de Infraestructura Rural a cargo de Joaquín Mesta Soulé parecen haber estado mucho más extendidas de lo que generalmente se creía, como podemos comprobarlo en una inserción pagada publicada en el periódico norteño EL DIARIO el domingo 28 de junio de 1998 en la página 12 de la sección principal en donde aparece la siguiente denuncia:

El Inspector General de Tránsito, Martín Vargas Téllez, además de percibir sueldo como funcionario de primer nivel del Gobierno del Estado, recibe ingresos por trabajos de perforación de Pozos efectuados a la Oficina de Infraestructura Rural, dependencia en la que Joaquín Mesta Soulé estuvo inmiscuído en malos manejos.

Los recibos que Martín Vargas Téllez expide no reúnen requisitos fiscales, por lo que deberá investigarse si se trata de un caso de evasión fiscal.

Martín Vargas, además de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, perjudica a los empresarios chihuahuenses que ante la crisis económica no reciben apoyo de los programas que el gobierno realiza.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua en su Artículo 23, Fracción XII, establece que todo servidor público tiene la obligación de:

"Excusarse de intervenir en cualquier forma en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios". (Comentario: Esta es precisamente la misma Ley que estuvo pisoteando en forma por demás flagrante el mismo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Sub-Procurador de Justicia Zona Norte Jorge López Molinar en los seis años que estuvo sostenido en su puesto y protegido de la acción de la Justicia por el Gobernador Francisco Barrio Terrazas y el "incorruptible" Procurador General de Justicia Francisco Molina Ruiz.)

Este es un ejemplo más de un claro conflicto de intereses, tráfico de influencias y deshonestidad de los funcionarios públicos.

Con razón el lema del IV informe (de gobierno de Francisco Barrio Terrazas):

'VALE LA PENA, VAMOS POR MAS'

NO SON CALUMNIAS, TODOS LOS CASOS ESTAN DOCUMENTADOS

En esta publicación aparecen anexadas como pruebas la fotocopia de un cheque (expedido por la Oficina de Infraestructura Rural el 31 de enero de 1996 a nombre de Aforos Marva y/o Martín Vargas Téllez) y un recibo (expedido por Aforos Marva el 18 de enero de 1996), las cuales se muestran a continuación:

Como ya se mencionó, éstos desvíos de Joaquín Mesta Soulé penalizados por la Ley empezaron a ser cometidos desde mediados de 1993, pero todavía hasta mediados de 1996, tres años después, el "incorruptible" Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua Francisco Molina Ruiz no había hecho absolutamente nada para consignar ante la Justicia a Joaquín Mesta Soulé, dándole una protección total. Y tratando de justificarlo e impedir su enjuiciamiento, en aquél entonces argumentó que Joaquín Mesta Soulé estaba regresando (a plazos y a cuentagotas) a las arcas del Estado los desvíos de los que se le estaba acusando después de que se habían descubierto los desfalcos, lo cual provocó un repudio generalizado porque con una defensa tal un asaltabancos o un secuestrador estarían completamente exonerados y perdonados con el sólo hecho de devolver el dinero tomado indebidamente de sus víctimas. La nota periodística denunciando éste vergonzoso intento de encubrimiento está consignada en la noticia dada a conocer a primera plana el domingo 4 de febrero de 1996 en el periódico NORTE de Ciudad Juárez en donde podemos leer lo siguiente:

Decidió no consignar a funcionario corrupto

CONOCIO BARRIO DESVIO DE MESTA

El Gobernador del estado, Francisco Barrio, fué el primero en conocer el desvío de los 196 mil pesos, hecho por Joaquín Mesta Soulé, cuando se desempeñaba como jefe de la Oficina de Infraestructura Rural.

El contralor del estado Humberto Abud Abud, dijo que después de que se detectó la irregularidad se le comunicó al gobernador para que tomara una decisión. En este caso se procedió a notificarle a Mesta y después de que aceptó haber cometido la irregularidad, se firmó un convenio para que retornara los recursos.

La putrefacción de todo el aparato de justicia llegó a grado tal de que desde las altas esferas del gobierno estatal panista se emprendió una cacería no en contra del funcionario corrupto culpable del desvío ilícito de recursos del erario estatal sino en contra de los testigos de dicho desvío, con la obvia intención de intimidar y asustar a los testigos que estaban a merced de un Estado tan implacable como corrupto usando todos los recursos a su alcance para que dichos testigos no declarasen nada en contra del gran amigo del Gobernador. Esto se puede apreciar más claramente viendo los siguientes recortes periodísticos:

En la primera nota periodística, podemos leer lo siguiente:

Cesan a empleada por el caso Mesta

Despiden a secretaria que atestiguó sobre el desvío de recursos de exfuncionario panista

La Oficina de Infraestructura Rural despidió a la señora Mayra Lilia Domínguez por haber atestiguado el desvío de Joaquín Mesta Soulé en octubre de 1993 y por considerar que había filtrado al Congreso del Estado la documentación oficial de esta irregularidad.

Y en la segunda nota periodística podemos leer lo siguiente:

Más despidos en caso Mesta

Administrador reveló pagos personales que hizo el panista utilizando recursos oficiales

La Dirección General de Desarrollo Rural, despidió en octubre de 1993, al administrador de la Oficina de Infraestructura Rural, José Raúl Morales Maldonado, luego de haber declarado también ante la Contraloría del Estado, contra Joaquín Mesta Soulé, por el desvío de los 192 mil pesos.

Morales acusó a Mesta de haber realizado varios pagos a Banpaís por varios créditos que la institución había otorgado al jefe de Infraestructura y que no había solventado. Lo acusó además de pagar adeudos a acreedores particulares y de haber reparado dos trailers con cargo a las finanzas estatales.

Después de investigaciones hechas por la Contraloría no se encontraron elementos de responsabilidad sobre Morales Maldonado y sólo se inculpó a Mesta por el desvío, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El administrador regresó a su puesto y días después recibió un memorándum en donde se notificaba que por instrucciones de la Dirección General de Desarrollo Rural, era despedido.

La dependencia ha despedido a las únicas personas que atestiguaron contra Mesta.

Aunque, prácticamente forzado por las circuntancias y con la horca sobre su propio pescuezo, el jueves 11 de abril de 1996 Francisco Barrio declararó ante la prensa (DIARIO DE JUAREZ, primera plana, viernes 12 de Abril de 1996) que el caso de Joaquín Mesta Soulé estaba ya "listo para consignarse" o que "prácticamente, faltará algún detalle mínimo", transcurrió todo el mes de abril y no se consignó nada ante ningún Juez Penal, mientras que el Procurador General Francisco Molina Ruiz se carcajeaba de la sociedad entera. Y aún pese a las advertencias que estuvieron siendo formuladas por prominentes Diputados en el Congreso del Estado de Chihuahua amagando con un juicio político (se cita aquí a manera de ejemplo la nota periodística aparecida el miércoles 27 de marzo de 1996 en el periódico NORTE de Ciudad Juárez), ni el Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio ni su Procurador "incorruptible" Francisco Molina Ruiz hicieron absolutamente nada que pudiera afectar a Joaquín Mesta Soulé, dándole tiempo más que suficiente para que preparase su huída en caso de ser necesario. Del mismo modo, transcurrió el mes de mayo de 1996, y tampoco se había consignado nada, y así trancurrieron los meses de junio y julio de 1996, y tampoco sucedió absolutamente nada. Y se puede dar por seguro que la corrupta mancuerna formada por el amoral Gobernador Francisco Barrio Terrazas y su Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz habrían seguido protegiendo a su "cuatacho del alma" Joaquín Mesta Soulé por tiempo indefinido, amparándolo en la más absoluta impunidad sin que les importase a ambos un comino el hacer cumplir esa Ley que él mismo Francisco Barrio había dicho que sería su guía y que había jurado cumplir y hacer cumplir cuando tomó posesión como Gobernador de Chihuahua, de no ser porque en ése mismo año Francisco Barrio Terrazas perdió el control del Congreso Estatal. Sufriendo un duro voto de repudio y de castigo a manos de una muy decepcionada sociedad chihuahuense, tras la pérdida de la mayoría de la cual gozaba el Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Chihuahua se podía esperar que el Congreso enfocara sus baterías ya no hacia Joaquín Mesta Soulé sino directamente en contra del mismo Gobernador Francisco Barrio Terrazas y su Procurador "incorruptible" Francisco Molina Ruiz por el delito de abierto encubrimiento hacia un funcionario público de primer nivel dentro de la administración estatal, lo cual los podría haber hecho a ambos sujetos de un duro juicio político en el que aflorasen todas las irregularidades judiciales que se estaban cometiendo bajo el corrupto Gobernador Francisco Barrio en complicidad plena con su igualmente corrupto Procurador Francisco Molina Ruiz, lo cual podría haber derivado eventualmente en una investigación emprendida por el Congreso sobre los señalamientos de que desde la misma Procuraduría General de Justicia de Chihuahua se estaban solapando y protegiendo las actividades del Cártel de Juárez permitiéndole convertirse desde suelo chihuahuense en uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo. Y así, muy a su pesar de ambos, el primero de septiembre de 1996 se consignó ante el Juzgado Sexto Penal el voluminoso expediente de Joaquín Mesta Soulé, no sin antes de ponerlo sobreaviso dándole el tiempo suficiente para que se fugara escapando de la acción de la Justicia y tuviese así la oportunidad de ampararse. De éste modo, Joaquín Mesta Soulé no pisaría la cárcel en los tres años posteriores de la administración de Francisco Barrio Terrazas, porque aún con una orden de arresto emitida por un Juez Penal en contra de Joaquín Mesta Soulé no habría agente alguno asignado a su localización. Y de hecho, Joaquín Mesta Soulé jamás pisó la cárcel.

Confirmando la naturaleza innegable del delito en el cual incurrió Joaquín Mesta Soulé, el jueves 17 de mayo del 2001 (casi tres años después de que Francisco Barrio Terrazas hubiera dejado de ser Gobernador de Chihuahua) se podía leer el siguiente reportaje aparecido en el periódico EL DIARIO:

RATIFICAN CARCEL A MESTA

Joaquín Mesta Soulé, funcionario de Desarrollo Rural durante la administración de Francisco Barrio Terrazas, podría pasar más de seis años de prisión por el delito de peculado, de acuerdo con la sentencia impuesta por el Juez Sexto de lo Penal, Juan Rodríguez Zubiate, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimoséptimo Circuito le negó el amparo de la justicia federal durante una sesión celebrada el 5 de abril pasado.

Cuando se descubrió el delito, el entonces contralor general del Estado, Humberto Abbud, confirmó que Joaquín Mesta Soulé fue responsable del desvío de recursos y abuso de confianza, por un monto de 208 mil pesos, mientras estuvo al frente de la Oficina de Infraestructura Rural en el Estado, al inicio de la administración estatal barrista.

Posteriormente Abbud aseguró que el dinero fue devuelto en parcialidades, cobrando un interés anual del 30%, y el último pago fue la primera decena de diciembre.

El total que amparaban los pagarés ascendió a 232 mil 135 pesos.

El propio Mesta aceptó el peculado en declaraciones periodísticas en las que aseguró que también reconoció su error ante el propio Gobernador Barrio.

Joaquín Mesta Soulé parece no haber sido el único en haber recibido un "préstamo" a expensas de las arcas públicas sin que hubiese autorización legal para ello. Resulta que precisamente el funcionario que debió de haberlo investigado y que debió de haberlo remitido a la cárcel en estricto acatamiento de las leyes en vigor, el mismísimo Procurador General de Justicia en el Estado de Chihuahua Francisco Molina Ruiz, incurrió presuntamente en el mismo delito en el cual incurrió Joaquín Mesta Soulé, con todas las bendiciones para ello de parte del hombre quien lo puso en dicho puesto, el Gobernador Francisco Barrio Terrazas, según aparece consignado el lunes 31 de julio del 2000 en el periódico LA JORNADA, en el artículo titulado "La familia feliz" del conocido editorialista y maestro universitario Doctor Samuel Schmidt.

No sólo hubo graves agravios en contra del erario público y en contra de la sociedad chihuahuense al permitirse el florecimiento de la impunidad sin freno alguno congelando expedientes en casos penales. Veamos a continuación otro caso en el cual un ciudadano ofendido se quejó, inutilmente por cierto, de cómo la dupla infernal López Molinar-Molina Ruiz se encargó de congelar un expediente suyo pese a que el ciudadano afectado contaba con todas las pruebas a su favor (esta nota apareció en una inserción pagada publicada en el periódico EL DIARIO el domingo 21 de Junio de 1998 en la página 7 de la sección C):

El contenido de lo que apareció en este desplegado se reproduce a continuación:

C.P. Francisco Barrio Terrazas
Gobernador del estado de Chihuahua
Presente.

Me dirijo a Usted nuevamente en mi carácter de ciudadano común, para hacer de su conocimiento que el Viernes 19 de Junio de los corrientes, se notificó la sentencia dictada en el Juicio de Amparo, Núm. 261/98-1 que se radicó en el Juzgado VI de Distrito en el Estado, en el cual demandé al Subprocurador de Justicia en el Estado Zona Norte y al Jefe del Depto. de Averiguaciones Previas señalando como acto reclamado de dichas autoridades, la negativa a ejercitar acción penal en contra de Gustavo Elizondo Aguilar, quien cometió el delito de fraude en perjuicio de mi persona y de mi hijo, como está acreditado en las Averiguaciones Nos. 3399/98 y acumulado 3400/98. Asistiéndome la razón en la sentencia ya referida y concediéndome el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que las autoridades responsables ejerciten la acción penal correspondiente en contra de Gustavo Elizondo Aguilar, en las Actas de Averiguación Previas ya citadas por encontrarse los requisitos necesarios reunidos y acreditarse la presunta responsabilidad de dicha persona; manifestando a usted, que tuve que constituírme como coadyuvante de las autoridades investigadoras en el mismo momento en que éstas me manifestaron verbalmente que a mi asunto se le iba a dar un trato especial por estar involucrado Gustavo Elizondo Aguilar, persona pública, y casi al punto de mendigar justicia me ví obligado a promover el juicio de amparo ya citado, por lo que le exijo como ofendido y víctima de un delito, que obligue al Subprocurador de Justicia Lic. Jorge López Molinar y al Jefe del Depto. de Averiguaciones Previas Jorge Ramírez Pulido que cumplan con su trabajo y consignen a un Juzgado Penal las averiguaciones previas 3399/98 y acumulado 3400/98, como se los ordenó el Juez de Distrito en el estado, cuyos juicios corresponden al Contrato de Compra-Venta de dos terrenos y construcción de los mismos, de 2 casas-habitación; mismo contrato que celebré con el Sr. Gustavo Elizondo en el mes de Abril de 1994, fecha en que se le entregó los anticipos para el inicio inmediato de las construcciones ya mencionadas.

También le manifiesto a usted, que desde mi juventud he colaborado, de una manera u otra hasta la fecha, con el PARTIDO ACCION NACIONAL, motivo por el cual no cabe lo dicho por el Ing. Elizondo de que se trata de un chantaje político, pues inclusive, en la campaña que fue opositor del Sr. Jaime Bermúdez, colaboré como siempre con el P.A.N.

Responsable de Publicación: Sr. Antonio Carrillo Blancas

Este es un caso en el que Francisco Molina Ruiz y Jorge López Molinar, pese a que había una sentencia emitida por un Juez federal, simplemente "congelaron" el expediente y se negaron a darle trámite. Todo ello para proteger a Gustavo Elizondo Aguilar. ¿Y quién es Gustavo Elizondo Aguilar? Pues se trata del mismo hombre que en 1986, cuando Francisco Barrio contendió por la Gubernatura de Chihuahua, contendió por la Alcaldía de Ciudad Juárez. Se trata del mismo hombre que exigía honestidad y transparencia al gobierno, se trata del mismo que exigía terminar con la impunidad de una vez por todas y para siempre, es el mismo que en una acción sorpresiva encabezó la toma de los puentes internacionales de Ciudad Juárez bloqueándolos por completo. Cualquiera diría que este hombre, de ser congruente sus dichos con sus acciones, debería ser no sólo un líder político de gran carisma, dispuesto a sacrificarse a sí mismo con tal de lograr una mejora en las condiciones de vida del pueblo, sino también un hombre capaz de resistir las tentaciones del poder, incapaz de caer en los mismos vicios y corruptelas que tan ferozmente atacaba desde la palestra. A continuación, Spectator presenta a sus lectores al verdadero Gustavo Elizondo Aguilar:

Esta ficha signalética es la misma que la que obra en los archivos de la Policía de la ciudad de El Paso, Texas. Este es el verdadero rostro de Gustavo Elizondo Aguilar. Cabe señalar que el Sr. Antonio Carrillo Blancas, responsable del desplegado que fué publicado en los medios de comunicación quejándose del carpetazo que desde las altas esferas del gobierno estatal panista se le quería dar a su caso, no fue el único ciudadano que fué estafado por Gustavo Elizondo Aguilar. Hubo otros casos, de carácter civil, con demandas multimillonarias puestas en contra de este pillo. En la mente de este criminal, es muy posible que se repitiera a sí mismo una y mil veces: Si Jorge López Molinar puede, si Francisco Molina Ruiz puede, si el mismo Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas puede, ¿por qué yo no? Este es el precio que se debe pagar cuando hay tanta impunidad con el mal ejemplo cundiendo desde los estratos superiores del gobierno. Y recalcamos que toda esta putrefacción moral se estaba dando en el seno de un "gobierno del cambio", esta era la justicia que estaba siendo repartida al pueblo de Chihuahua por quienes habían llegado al poder prometiendo castigar la misma corrupción en la que hipócritamente terminaron incurriendo ellos mismos. Se hubo de requerir que el PAN fuese expulsado en 1998 de la gubernatura en el Estado de Chihuahua por una población iracunda, y que transcurriesen cuatro años, para que después de un largo proceso el Congreso del Estado turnara a la Procuraduría General de Justicia un amplio expediente en contra de Gustavo Elizondo Aguilar por los delitos de peculado involucrando una elevada cantidad de 56 millones de pesos (¡casi seis millones de dólares, inclusive con el peso ya devaluado!):

El único "error" (desde el punto de vista de un hampón) que realmente cometió Gustavo Elizondo Aguilar en la comisión de sus numerosos delitos fué el haber creído que el PAN seguiría en el poder por largo tiempo, lo cual le habría garantizado una impunidad casi absoluta -lo cual es refrendado por todo lo que sucedió bajo el régimen foxista así como en otros gobiernos panistas en otros Estados como el Estado de Nuevo León en donde también fue expulsado el PAN de la gubernatura-. Afortunadamente para estos pillos como Gustavo Elizondo Aguilar, gracias a muchas leyes heredadas de regímenes priistas anteriores que no han sido reformadas o derogadas, y bajo una aberración jurídica que se conoce como la prescripción del delito, le basta a muchos delincuentes "esfumarse" por una cantidad determinada de años para que, habiendo transcurrido esos años, la acción penal por el delito cometido proscriba, quedando los delitos cometidos en la más completa impunidad. ¿Y la justicia para el pueblo? Pues, todo quedó en la promesa de un "cambio" prometido por el PAN que en los hechos nunca se dió, quizá porque ya para entonces infiltrado hasta la médula por la Organización Nacional del Yunque tenía otras prioridades más importantes. A continuación tenemos la nota aparecida a primera plana en la cual se confirmó que Gustavo Elizondo había "desaparecido" convirtiéndose en un prófugo de la justicia, yéndose posiblemente a una mansión que presuntamente posee en los Estados Unidos en Nuevo México, mientras espera pacientemente que la acción penal de los delitos de los que se le acusa "proscriba", permitiéndole regresar a México para gozar de todo su dinero mal habido:

Esta nota apareció el 26 de mayo del 2003 como la primera de dos partes elaboradas por la reportera investigadora Olga Aragón Castillo, y dice lo siguiente:

El ex alcalde Gustavo Elizondo Aguilar se encuentra desaparecido, crece la versión de que abandonó el país ante el inminente peligro de caer en la cárcel después de haber acumulado siete denuncias penales en su contra, tres de ellas por delitos electorales y cuatro más por una docena de presuntos ilícitos que van desde abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito hasta defraudación fiscal.

“Elizondo es un prófugo de la justicia”, aseveró el diputado juarense Víctor Valencia de los Santos en la tribuna del Congreso del Estado, en la sesión plenaria del pasado martes. Ninguno de los 11 legisladores panistas refutó la acusación.

“El ex alcalde de Juárez está desaparecido desde hace varias semanas, no se le localiza y no se presenta en ningún acto político, ni siquiera asistió a la Convención Electoral de su partido, celebrada el pasado 16 de febrero en Ciudad Juárez, evento al que debía haber acudido porque contendió por una candidatura a diputado federal plurinominal”, contestó Valencia de los Santos tras confirmar, por informes extraoficiales, que sí existe al menos una orden de aprehensión en contra de Elizondo.

Dos conocidos panistas confirmaron que el ex edil se encuentra en Estados Unidos desde hace tiempo.

Para el ex alcalde la situación es sumamente grave.

Basta con que progrese una de las cuatro acusaciones por peculado o cualquiera de las tres denuncias por peculado electoral, para que sea encarcelado sin derecho a libertad bajo fianza.

La querella más grave, sin duda, fue interpuesta por el Congreso del Estado ante la Procuraduría de Justicia en el Estado el 4 de julio del 2002, en contra del ex alcalde y de diversos funcionarios del Municipio de Juárez, por las irregularidades detectadas en los 10 últimos meses de la administración 1998-2001.

Los hechos de que se deriva esa acusación pueden ser constitutivos de por lo menos cinco delitos de carácter penal.

La denuncia del Congreso del Estado contra Gustavo Elizondo podría derivar en los delitos de peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, encubrimiento por favorecimiento y encubrimiento por receptación, que causaron daños al erario municipal por más de 56 millones de pesos.

Sin embargo, fue por otra denuncia de similar gravedad que se generó la primera orden de aprehensión dictada desde el pasado 30 de enero por el juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo.

Se trata de la querella interpuesta ante la PGJE el 26 de junio del 2002 en contra de Gustavo Elizondo, por el diputado y presidente del Comité Municipal del PRI, Víctor Valencia de los Santos y el abogado Fernando Bencomo, por los delitos de abuso de autoridad y peculado electoral, en la que responsabilizan al ex alcalde del daño causado a las finanzas del estado por el costo de la elección extraordinaria que ascendió a 40.7 millones de pesos.

“El principal cargo contra Elizondo”, enfatizan los querellantes, “es la responsabilidad directa que, de acuerdo con los fallos emitidos por el TEE y el TEPJF, tuvo el ex alcalde en seis de los nueve agravios que sustentaron la sentencia de anulación de los comicios celebrados en julio del 2001”.

Las elecciones anuladas tuvieron un costo aproximado de 19.3 millones de pesos y las elecciones extraordinarias significaron un gasto público adicional de 40 millones 736 mil pesos.

Orden de aprehensión

En su carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el diputado juarense Víctor Valencia de los Santos se reunió recientemente con el procurador Jesús José Solís Silva, para solicitarle que la PGJE ejecute las órdenes de aprehensión que se hayan girado contra Elizondo, conforme a los procedimientos establecidos por la ley, “sin que consideraciones de índole política y electoral obstruyan el proceso judicial”.

Valencia de los Santos comentó que del total de denuncias presentadas en contra de Elizondo, están prácticamente concluidas las indagatorias en dos de los casos y una de las denuncias generó la primera orden de aprehensión.

“Tengo entendido que la Procuraduría ya agotó la etapa de la integración de averiguación previa de algunas de estas denuncias y turnó el caso ante tribunales penales de Ciudad Juárez”, dijo el legislador priísta y reiteró: “incluso trascendió la información de que un juez ya había girado órdenes de aprehensión”.

—¿Ante la proximidad de los comicios federales existe la posibilidad de que esas órdenes de aprehensión se queden sin ejecutar para evitar que el encarcelamiento de Gustavo Elizondo provoque reacciones que impacten el resultado de las urnas?

“Personalmente le he comentado al procurador, en entrevistas que hemos tenido relacionadas con las querellas que hemos presentado en contra de Elizondo, que nadie debe estar por encima de la ley. Al margen del partido político al que pertenezcan, los funcionarios o ex funcionarios que incurran en conductas delictivas deben ser castigados conforme a las normas y procedimientos legales”.

—¿La ley debe aplicarse independientemente de la situación política y electoral del momento?

“He pedido al procurador de Justicia que el tratamiento de estos casos sea acorde con el procedimiento normal, sin trato preferencial.

— ¿Como dirigente del PRI ha analizado las consecuencias políticas que tendría la aprehensión de Gustavo Elizondo en medio de un proceso electoral?

“Creo que las órdenes de aprehensión deben ejecutarse siempre, sin que el procedimiento penal sea obstruido por consideraciones electorales, pues de ser así nunca sería el momento adecuado para aprehender a un ex gobernante o a un político en activo, ya que en Chihuahua, como sucede en todo el país, salimos de una elección y entramos a otra”.

El amparo

Anticipándose a cualquier acción de la PGJE, el 15 de enero del presente año, Gustavo Elizondo presentó una solicitud de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito, registrada con el número 19/2003/III, y de inmediato se abrió un incidente concediendo la suspensión provisional de cualquier orden de aprehensión que se hubiese girado a la Subprocuraduría General de Justicia.

“Soy un perseguido político y no me quedaré con los brazos cruzados. De ninguna manera limitaré mis aspiraciones políticas”, dijo Elizondo, quien se había postulado para contender en la elección interna del PAN por una candidatura a diputado plurinominal (¡lo cual le habría proporcionado el tan anhelado fuero para escapar de la acción de la Justicia!).

Esa fue una de las últimas apariciones públicas de Elizondo.

El Juzgado Cuarto de Distrito requirió al ex alcalde Gustavo Elizondo Aguilar para que en el término de tres días se presentara a ratificar el juicio de amparo que había promovido. El 20 de enero, el ex alcalde se desistió, por escrito, del amparo solicitado.

Pero el miércoles 29 de enero corrió la versión extraoficial de que el juez Jiménez Santoyo había obsequiado una orden de aprehensión en contra del ex alcalde, a pesar de que el procurador de Justicia aseveró en conferencia de prensa que aún no se había girado ninguna ordenanza en ese sentido.

“La averiguación que existe contra el ex alcalde Gustavo Elizondo se encuentra a disposición del Ministerio Público, quien establecerá si hay delito qué perseguir”, dijo Solís Silva.

Después del mediodía, el abogado Julián Sosa tramitó un amparo contra la detención de Elizondo Aguilar.

Y el ex alcalde no volvió a aparecer en ningún evento público.

El domingo 16 de febrero, Elizondo ni siquiera se presentó a la Convención Electoral Municipal del PAN. Fue representado por su esposa, Luisa Terrazas, quien al pronunciar el discurso como oradora inscrita a su favor, presentó al ex alcalde como “un perseguido político del gobierno de Chihuahua” y manifestó que sentía temor porque la libertad de su esposo estaba en riesgo.

Ni el conmovedor discurso de su cónyuge le sirvió para atraer los votos que pudieran revestirlo de fuero. Elizondo quedó fuera de la terna de candidatos a diputados plurinominales, sólo obtuvo 452 sufragios contra más de 700 que lograron cada uno de los contrincantes triunfadores.

Entre los panistas que asistieron a la convención, presidida por el dirigente municipal del PAN, César Jáuregui Moreno, y en la que estuvieron como invitados especiales el líder estatal Cruz Pérez Cuéllar y el alcalde Jesús Alfredo Delgado, se comentó que el gran perdedor en esa contienda fue el ex alcalde Elizondo, quien además fue abucheado cuando se mencionó su nombre.

El 27 de febrero fuentes de la PGJE confirmaron que el juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, había girado la orden de aprehensión contra el ex alcalde Elizondo.

A través de un medio local, el ex edil declaró que el juez se había prestado a “un propósito perverso” para impedir que se presentara como candidato para ocupar un puesto popular en las próximas elecciones.

“Tengo el honor de saber que mi administración fue la mejor de todas las administraciones pasadas” (¿?), insistió el ex gobernante convencido de que “mi único delito fue haber invitado a votar a los ciudadanos como lo han hecho todos los presidentes en el pasado” (¿?).

Elizondo agregó que seguiría luchando por sus derechos en los tribunales federales y dando la batalla política.

El reportero de la fuente policiaca de El Diario, Armando Rodríguez, confirmó el pasado 28 de febrero la versión en los juzgados penales de que el ex alcalde había abandonado el país ante el inminente peligro de ser aprehendido.

Rodríguez logró indagar que personal del tribunal sacó copias del expediente de la orden de aprehensión y entregó un duplicado al Juzgado Séptimo de Distrito, donde Elizondo promovió el amparo contra la detención desde el 5 de febrero.

La ordenanza judicial —según confirmó también el diputado Víctor Valencia de los Santos “por informes extraoficiales de la Procuraduría”—, fue girada el 27 de febrero por el juez Jiménez Santoyo, por delitos de peculado electoral y abuso de autoridad. Se trata de delitos graves que, de acuerdo con el Código Penal del Estado, no alcanzan libertad bajo fianza.

Valencia informó que esta orden de aprehensión tiene su origen en la denuncia de hechos, por la comisión de delitos electorales tipificados en el artículo 300 del Código Penal. La denuncia fue ratificada ante la PGJE el 26 de junio del 2002, responsabilizando al ex alcalde panista “por las posibles irregularidades constitutivas de delito electoral”, que ocasionaron un quebranto al erario público por 40 millones 736 mil 385 pesos, equivalente al costo de la elección extraordinaria del 12 de mayo del 2002.

Abuso de autoridad y peculado

Elizondo es acusado por el Ministerio Público de abuso de autoridad y peculado electoral, por la responsabilidad directa que tuvo en seis de los nueve agravios que sustentaron la sentencia de anulación de los comicios celebrados en julio del 2001, de acuerdo con los fallos emitidos por el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La denuncia enfatiza que Elizondo cometió tales ilícitos “aprovechándose de una situación de privilegio, como la que en ese momento ostentaba y le permitía disponer de recursos públicos”.

El colmo para Elizondo es que al cúmulo de denuncias penales que enfrenta desde hace dos años, se suma la resolución emitida el pasado 10 de marzo por el Juzgado Séptimo de Distrito en contra del amparo 573/2002-II que solicitara el ex alcalde el 28 de octubre del 2002, para evitar el embargo de bienes inmuebles ordenado por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Bravos a favor de una institución bancaria.

Después de perfilarse durante tres años como el más fuerte precandidato panista a la gubernatura del estado para el 2004, Elizondo se encuentra ahora en inminente peligro de caer en la cárcel.

El vuelco en su trayectoria política es dramático.

El ex edil enfrenta la más grave situación que ex gobernante alguno haya vivido en la era de la alternancia en el poder, incluido el caso del ex alcalde de la capital del estado, Gustavo Ramos Becerra, quien fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión por enriquecimiento inexplicable.

Elizondo tendrá que responder por siete demandas penales en las que se le acusa de haber cometido al menos diez delitos. Entre sus acusadores figuran lo mismo humildes vecinos de colonias populares liderados por panistas, que sus más feroces adversarios políticos y el propio Congreso del Estado.

Consciente de que tiene un pie sobre el camino que conduce a la prisión, Elizondo se ha declarado reiteradamente víctima de persecución política por “haber enfrentado desde la alcaldía de Juárez el autoritarismo del gobernador Patricio Martínez”.

Sin embargo, promovió amparos y, al parecer, abandonó el país.

Gustavo Elizondo jamás pondría un pie en la cárcel, al igual que el corrupto gran amigo del Gobernador Francisco Barrio, Joaquín Mesta Soulé. Quedó multimillonario a expensas del erario público y las numerosas víctimas que su constructora estafó pero cuyos casos jamás llegaron a manos de un Juez por haberlos congelado en sus manos el corrupto Sub-Procurador Jorge López Molinar. La desaparición de Gustavo Elizondo para evadir la acción de la Justicia, cuando ya no había nadie en la Procuraduría del Estado de Chihuahua que lo pudiese ayudar congelando todos los expedientes que tenía acumulados en contra suya a la manera en que acostumbraban hacerlo Francisco Molina Ruiz y Jorge López Molinar, ocurrió en el 2003. La foto en blanco y negro en la cual aparece Gustavo Elizondo fichado por las autoridades norteamericanas data de principios de los ochenta. Esto significa que el individuo nunca se regeneró, jamás se enmendó ni se arrepintió de sus fechorías, continuó reincidiendo alegremente mientras juraba estar trabajando "en beneficio de la comunidad". Con lo cual se cumple la máxima anglosajona que dice "once a crook, always a crook" (una vez pillo, por siempre pillo). Pero lo verdaderamente trascendente aquí es que ayudó en mucho (a Gustavo Elizondo) el hecho de que mientras el corrupto y ratero ex-Alcalde Elizondo estuvo llevando a cabo sus fechorías años atrás, el Sub-Procurador Jorge López Molinar se quedó deliberadamente cruzado de brazos sin hacer absolutamente nada en su contra, como siempre fue su costumbre, en plena complicidad con su jefe inmediato el Procurador Francisco Molina Ruiz y con el Gobernador Francisco Barrio, en el común acuerdo entre los tres de no tocar para nada a tan corrupto individuo sólo por el hecho de haber sido un prominente miembro del Partido Acción Nacional. Y de cualquier manera, Jorge López Molinar estaba demasiado ocupado atendiendo los asuntos privados del bufete de abogados al cual estaba asociado como para tener tiempo de poder hacer otra cosa que no fuera ir a cobrar su generoso cheque quincenal que le llegaba cortesía de los impuestos gravados al pueblo chihuahuense al cual supuestamente debería haber estado sirviendo desde que entró.